ÍNDICE:
1.- "La legislación biomédica en España se reproduce de manera casi oncológica"
2.- Recortes en gastos de salud, con argumentos éticos, por favor
3.- La ética en cirugía gana presencia en la clínica, en investigación y en docencia
4.- "El diagnóstico prenatal se utiliza para hacer eugenesia"
5.- Los sanitarios apelan a su código ético para defender la atención al inmigrante irregular
6.- Los límites en la atención al 'sin papeles' cuestionan deberes éticos del médico
7.- Fallos administrativos y burocráticos ocasionan pérdidas millonarias en el sistema sanitario
1.- "La legislación biomédica en España se reproduce de manera casi oncológica"
Diego Gracia, catedrático en medicina experto en bioética
Diario Médico. Pilar Laguna. Murcia | 02/04/2012 00:00
Los comités de ética de investigación clínica (CEIC) no pueden limitarse a aprobar protocolos, sino que deben controlar todo el proceso de la investigación, según señaló Diego Gracia, presidente de la Fundación Ciencias de la Salud y experto en Bioética, que propone que uno de los miembros de esos comités se integre en el equipo investigador del proyecto sometido a evaluación.
En la jornada sobre ética de la investigación biosanitaria en España, organizada por la Fundación para la Formación y la Investigación Sanitarias de la Región de Murcia y la Fundación de Ciencias de la Salud, que se celebró en Murcia, Gracia señaló que la historia de la investigación clínica no ha alcanzado todavía la fase de ética clínica y se encuentra en una tercera etapa, la reguladora, que ha conseguido que los CEIC se conviertan en meros comités aprobadores de proyectos.
"Si la función de los CEIC es intentar que la investigación respete a los seres humanos y el mayor respeto posible por los principios éticos, no tiene sentido que no se siga el proceso de una investigación que puede durar años", arguyó el profesor, reconociendo que está contento con lo conseguido hasta ahora, pero que "estamos a medio camino, aunque la práctica clínica y la investigación clínica terminarán siendo la misma cosa".
Todo más juridificado
"En España estar al tanto de la legislación biomédica es complicadísimo porque se reproduce de manera casi oncológica", dijo Gracia, asegurando que en la ética de la investigación clínica todo se ha juridificado, de forma que tenemos muchos comités administrativos, pero poco más.
En su opinión, las comunidades autónomas podrían aprovechar su capacidad legislativa para dar un cambio radical a la investigación clínica: que un miembro del CEIC forme parte del equipo de investigación y participe en el estudio. "Si seguimos como ahora, tendremos protocolos muy bien diseñados, pero el CEIC no sabrá nada de la marcha del ensayo. Es algo correcto administrativa y jurídicamente, pero no desde el punto de vista ético".
Según Gracia, su tesis puede parecer revolucionaria, pero no puede esperarse mucho de unos comités que lo primero que hacen para evaluar un proyecto es echar al miembro que sea investigador principal, cuando en realidad tendrían que pedirle colaboración.
"No podemos detenernos donde estamos, hay que dar un golpe de timón", concluyó el experto.
2.- Recortes con argumentos éticos, por favor
Diario Médico. Soledad Valle | 13/04/2012 00:00
Los 7.000 millones de euros menos que recibirá Sanidad no preocupan en exceso a Rogelio Altisent, profesor de Bioética, y Juan José Rodríguez Sendín, presidente de la OMC, que admiten un despilfarro en el Sistema Nacional de Salud. El problema para estos profesionales está en saber dónde aplicar los ajustes. La ética y la evidencia científica son los criterios que deben fundamentar el tijeretazo. Mientras, trabajan en impulsar la formación en Bioética que trata del compromiso del médico con los colegas, el paciente y con un sistema que es mejorable.
Rogelio Altisent, profesor de Bioética en la Universidad de Zaragoza, y Juan José Rodríguez Sendín, presidente de la Organización Médica Colegial (OMC), llegaron a Diario Médico con la firme intención de hablar de la Cátedra de Profesionalismo y Ética Clínica de la Facultad de Medicina de la Universidad de Zaragoza, patrocinada por el colegio de médicos de esa provincia y la OMC.
Pero el anuncio del Gobierno de los duros recortes en Sanidad (ver DM del II-IV-2012), que han protagonizado esta semana, impuso el tema de conversación. Al final, se habló de ética, claro, pero de la necesidad de que la ética de la profesión médica guíe los recortes.
Los dos facultativos, con una dilatada experiencia en la práctica asistencial, reconocieron que el Sistema Nacional de Salud admite ajustes. "El despilfarro es evidente, pero que nadie crea que hay otros sistemas alternativos que despilfarran menos, porque no es así. Al contrario, hay otros donde se derrocha más y se dan menos prestaciones". De este modo, Rodríguez Sendín reconoce "que hay un volumen presupuestario que se puede recuperar y que tiene que ver con los gastos de gestión".
Para fundamentar su argumento señala que "en los últimos nueve años el presupuesto sanitario se ha incrementado un 80 por ciento. Hemos invertido dinero en incorporar prestaciones sanitarias al sistema público que no son relevantes".
* "En los últimos nueve años el presupuesto ha aumentado un 80 por ciento, incorporando prestaciones que no son relevantes", dice Rodríguez Sendín
El problema, según el presidente de la OMC, es que ese recorte se lleve a cabo sin contar con los profesionales médicos que son los que conocen dónde se puede meter la tijera, porque realmente se está produciendo un despilfarro.
Altisent apunta la necesidad de que "la evidencia científica" dirija esas reducciones presupuestarias y recordó que el médico implicado en el sistema ha ido dando alertas sobre la ineficiencia de determinadas tecnologías, procesos, protocolos...
Cuatro pilares
El compromiso del médico con el sistema sanitario es uno de los pilares que sostienen la formación ética de la cátedra de la Facultad de Medicina de Zaragoza. Los otros son la competencia profesional, la moralidad basada en principios intachables y el altruismo.
"La satisfacción del médico no procede de su retribución económica", asegura Rodríguez Sendín, para argumentar que hay que recuperar valores y el sentido vocacional de la profesión. "Los principios éticos hay que promoverlos, recordarlos y estudiarlos, como ocurre con cualquier conocimiento médico".
Según Altisent, la actual coyuntura de crisis favorece el resurgir de los valores morales por una cuestión de necesidad y porque, al final, es el profesional el que está dentro del sistema, el que sufrirá y aplicará los ajustes. Sobre esta cuestión, el profesor de Bioética recuerda como algo habitual que la Administración sanitaria recomiende que no se prescriba un determinado fármaco a pesar de haberlo autorizado, por motivos puramente económicos. "Hay que acabar con esas situaciones", afirma.
* Rogelio Altisent defiende que el ajuste presupuestario se debe aplicar donde la evidencia científica muestre que hay un derroche de recursos
La esperanza expresada por los facultativos es que la crisis termine mejorando la eficiencia del sistema y adaptándolo a la realidad.
La cifra: 7.000 millones
Pero, ¿es asumible un tijerezado en la sanidad pública de 7.000 millones? La respuesta del presidente de la OMC es otra pregunta: depende de dónde se haga, y aclara que "no es viable un ajuste lineal".
En su opinión, existe un evidente despilfarro en los sistemas de información de los hospitales que, además, en muchos casos no sirven para comunicar a los dos niveles asistenciales: especializada y primaria.
Dentro de este maremoto sanitario, los profesionales vuelven a hablar de su apuesta por la formación del médico en bioética con esperanza, y como una tabla de salvación. El Colegio de Médicos de Zaragoza y la Organización Médica Colegial han financiado la cátedra de bioética, puesta en marcha en la universidad maña. Altisent señala que el ejemplo de Zaragoza está sentando precedente en otras comunidades, donde los colegios se han puesto en contacto con las facultades de Medicina para impulsar estos programas. No todo son malas noticias.
"Esperamos que más pronto que tarde el Ministerio de Sanidad nos llame para consultarnos sobre la aplicación de los recortes. Estamos a su disposición en esta cuestión, como lo hemos estado en otras". Este es el sentir del presidente de la Organización Médica Colegial (OMC), Juan José Rodríguez Sendín, que recuerda que la ley les reconoce como interlocutores a los que el Ejecutivo debe pedir opinión en una decisión como la que se ha tomado. Sin embargo, Rodríguez Sendín sostiene que estas consultas entre Sanidad y la OMC deberían fijarse "cada tres o cuatro meses", aunque reconoce que "somos más nosotros pidiendo que ellos respondiendo". Sobre un Ministerio de Sanidad que recuperase todas las competencias asistenciales, el presidente de la OMC se pronuncia: "La gestión que las autonomías hacen de los recursos sanitarios debe reordenarse, pero alejar de nuevo al paciente de la toma de decisiones clínicas no es un avance".
3.- La ética en cirugía gana presencia en la clínica, en investigación y en docencia
Diario Médico. María R. Lagoa | 25/04/2012 00:00
El acto quirúrgico es una invasión del paciente y una de las formas más demostrativas de cómo una persona pone su vida en las manos del cirujano, en quien deposita toda su confianza, lo que da lustre al compromiso ético de este profesional.
La ética ha ganado presencia en la cirugía, pero no sólo en la práctica clínica sino también en la investigación y la docencia. Esta es una de las reflexiones que hizo Miguel Caínzos, catedrático de Cirugía de la Universidad de Santiago de Compostela y cirujano del Complejo Hospitalario Universitario de esta ciudad (CHUS), durante el debate celebrado ayer en la Facultad de Medicina de la capital gallega, que ha organizado el encuentro junto con el aula de Innovación Terapéutica Farmacológica Janssen, de la Universidad de Navarra.
Abordaje global
El ponente habló del creciente desarrollo de todos los aspectos relacionados con la bioética y que afectan a la actividad quirúrgica: "La preparación del enfermo, el proceso preoperatorio, el acto quirúrgico propiamente dicho y el manejo posoperatorio; todas las acciones tienen que ser éticamente válidas". Teniendo en cuenta las exigencias y dificultades de la época actual, en la que el trabajo en equipo es esencial, así como la utilización de protocolos previamente consensuados, y cuando se ha constatado un crecimiento de los pacientes mayores: "A tenor de los datos del CHUS, entre el 37 y el 40 por ciento de los enfermos que se operan superan los 65 años y hasta un 5 por ciento tienen más de 80, por lo que se ha producido un aumento de las complicaciones posoperatorias, del índice de reintervenciones y de la mortalidad".
La información
En la práctica clínica el consentimiento informado es hoy condición sine qua non, pero Miguel Caínzos dio un paso más y señaló que el cirujano ha de ofrecer al paciente una información suficiente y equilibrada para que tome la decisión: "Tiene que valorar cuánto informar, no dar falsas esperanzas ni tampoco ser demasiado negativo". También ha recomendado valorar la inteligencia y capacidad del interlocutor. La investigación y la docencia son las otras dos grandes esferas en las que se desarrolla el trabajo del cirujano y, por tanto, las otras dos áreas donde la ética ha de ser guía de conducta.
Miguel Caínzos dijo que es preciso seguir todos los protocolos de la investigación, que cada vez está más regulada, e imbuir a los estudiantes y a los médicos en formación del compromiso ético que comporta su profesión: "Desde el preoperatorio al posoperatorio, desde la clínica hasta la investigación y la docencia".
4.- "El diagnóstico prenatal se utiliza para hacer eugenesia"
Diario Médico. S.V. | 25/04/2012 00:00
La tecnología para detectar enfermedades del embarazo puede ser utilizada en beneficio del feto, aplicando un tratamiento intrauterino, o en su perjuicio, optando por el aborto. Guillermo López, ginecólogo, alerta de que se está optando por la vía más rápida: finalizar la gestación.
Guillermo López se resiste a dejar el ejercicio de la medicina y, a pesar de que está jubilado de su actividad como ginecólogo en la Clínica Universidad de Navarra (CUN) y de su docencia universitaria, sigue en activo en la consulta gratuita de apoyo a la mujer embarazada que ha puesto en marcha la asociación provida Andevi en Pamplona.
El facultativo participó en el debate sobre Innovación en Bioética e Investigación Clínica, que organizó el Aula de Innovación en Terapéutica Farmacológica Janssen de la CUN y la Universidad de Santiago, donde señaló: "Se están haciendo diagnósticos prenatales para aplicar una medicina eugenésica".
Esta realidad, además de las implicaciones morales y éticas que tiene en los médicos y los pacientes, según apuntó López, está mermando los esfuerzos en la investigación de tratamientos intrauterinos, de modo que "en la actualidad la eficacia de estos métodos es muy limitada". Y puso el ejemplo de los niños con síndrome de Down, "sobre los que ya no se estudia, porque simplemente no nacen niños con este problema. En España hay menos partos con este síndrome que en Inglaterra. Aquí identificar ese problema significa aborto". El médico apeló al derecho a objetar del ginecólogo, admitiendo que ejercer la especialidad con la ley del aborto actual es más complicado.
* La valoración intrauterina evita las complicaciones derivadas de la incompatibilidad entre el RH de la madre y el del feto
Pero los avances tecnológico aplicados a la detección intrauterina de enfermedades son necesarios y pueden ser muy útiles para mejorar la vida de los niños, "cuando sirven para aplicar un tratamiento temprano a una patología gestacional". El facultativo señaló el caso de los bebés con un RH incompatible con el de la madre: "Ahora una simple vacuna puede evitar los problemas posteriores que acompañan a estos partos y que hace unos años no se trataban".
A la consulta de Andevi acuden muchas mujeres jóvenes con embarazos no deseados que quieren recibir información sobre las ayudas a las que tienen derecho, si deciden continuar con su gestación. La participación del facultativo en este servicio gratuito le mantiene al corriente de la realidad que afrontan esas mujeres y los consejos ginecológicos que se están ofreciendo. Según el experto, la opción de abortar es la primera que se da a la mujer ante cualquier malformación fetal. "Hemos tenido el caso reciente de una embarazada joven a la que se le comunicó que su hijo tenía un tumor en el cuello que estaba creciendo y había riesgo de asfixia. La mujer llegó a la consulta con la indicación ginecológica de abortar, pero decidió continuar. El bebé fue intervenido del tumor y es un niño sano".
López reconoció estar sorprendido con los que defienden la sanidad pública y se quejan de que se está privatizando, pero también defienden el aborto, cuando, según apuntó, "el 98 por ciento de los abortos se realizan en clínicas privadas que terminamos pagando todos."
5.- Los sanitarios apelan a su código ético para defender la atención al inmigrante irregular
“Trato personas, no asegurados”. El sector denuncia que no puede ser vigilante del sistema
El País. María R. Sahuquillo / Emilio de Benito Madrid 26 ABR 2012
“Trato personas, no asegurados”. Josep Basora, presidente de la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (Semfyc), lo tiene claro. Siempre desde un punto de vista personal, el decreto que impide atender a inmigrantes en situación irregular no entra en sus planteamientos éticos. “Si tengo a una persona delante, me da igual que sea extranjera o no; la tengo que atender”, dice. Una visión que comparte el presidente de la Organización Médica Colegial (OMC), Juan José Rodríguez Sendín: "Igual que no me pueden obligar a hacer una eutanasia no pueden obligarnos a no atender a un paciente".
El planteamiento de Rodríguez Sendín y de Basora es el de la mayoría de los profesionales sanitarios, que con inquietud apelan a su código deontológico para defender la atención los inmigrantes en situación irregular que desde el 1 de septiembre no tendrán derecho a la tarjeta sanitaria, según el real decreto de ajustes publicado esta semana por el Gobierno."Un paciente es un paciente negro, blanco o mediopensionista, y deontológicamente no le podemos abandonar. Es una locura. No somos policías ni inspectores, si a mí como médico me piden asistencia la tengo que dar, otra cosa es que no pueda utilizar las tecnologías que tenga mi centro--, y luego ya se verá la parte administrativa", dice el presidente de los médicos españoles. Y esa idea de que ellos van a tener que actuar como policías del sistema para evitar supuestos fraudes o simplemente para que se cumpla una norma les incomoda enormemente. Algunos aseguran que no lo acatarán. Practicarán, dicen, la insumisión. O una especie de objeción de conciencia, pero a la inversa.
La Coordinadora Anti-Privatización de la Sanidad Pública de Madrid ha sido la que ha prendido la mecha. “Hacemos un llamamiento a la ética de todas y todos los profesionales de la sanidad pública para la atención completa a este grupo de población [más de 150.000 personas], perteneciente en gran medida a los grupos más desfavorecidos. Al mismo tiempo, reivindicamos el derecho a la objeción de conciencia por parte de todos los profesionales a la aplicación efectiva del real decreto ley por inmoral, injusto, y peligroso en términos de salud pública”, indican.
Semfyc, la sociedad que preside Basora, con más de 20.000 profesionales, “manifiesta su rechazo a la decisión ministerial de limitar el acceso a la sanidad a los inmigrantes ‘sin papeles”. Además, desea “advertir de los riesgos sanitarios” de dejarlos “sin el acceso a una atención continuada, ya que restringir su atención a través de las urgencias puede generar mayores gastos y dificultar el control de enfermedades”.
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Máximo González Jurado, presidente del Consejo General de Enfermería, cree que los principios éticos del profesional chocan con la medida emprendida por el ministerio de Ana Mato. “La filiación jurídica del paciente no es un problema nuestro cuando se tiene delante a una persona que tiene un problema de salud. Está claro que no nos podemos negar a atenderlos. Sobre todo si no tenemos garantizado que esas personas, que han sido nuestros pacientes, reciben la atención que necesitan por otra vía”, sostiene. “Nosotros no entramos a analizar el problema de la inmigración irregular, que, además no es turismo sanitario”, aclara. “Pero si estas personas están en España y necesitan una atención sanitaria, como profesionales debemos dársela. Otra cosa es que haya filtros antes de llegar a nosotros”, dice.
González Jurado no niega que el sistema sanitario necesite medidas para garantizar su sostenibilidad, pero critica que la reforma sanitaria del Gobierno se haya elaborado sin contar con la opinión de los profesionales que tendrán que aplicarla. Aunque cree que en ese punto no lo harán. “Ningún médico ni enfermero va a dejar de dar a una persona la asistencia que necesita. Nosotros no tenemos obligación de pedir a la persona el carné de aseguramiento”, afirma.
“Los pacientes no son una historia clínica. Hay una persona detrás. Los profesionales ya les conocemos, ya hemos tenido relación con ellos”, critica Pilar Navarro, secretaria del sector Sanidad de la Federación de Servicios Públicos de UGT, que argumenta que “profesionalmente”, además no pueden dejar a sus pacientes desatendidos. “Es una situación que habrá que resolver porque humanitariamente es injusto. Si la gente llega no puedes, de entrada, denegarles la asistencia”, ratifica.
Una idea similar la repiten desde el Colegio de Médicos de Madrid. “Desde el punto de vista ético ningún médico puede dejar de atender a ningún paciente que lo necesite”, afirma un portavoz.
Una coordinadora de sanitarios llama a la insumisión ante la medida
Rogelio Altisent, profesor de bioética de la facultad de Medicina de Zaragoza, explica que desde el punto de vista del Código Deontológico Médico la situación no es sencilla. “No es blanco y negro. Nos encontramos ante situaciones muy variadas y muy duras. Hemos pasado de atender a todo el que pasa por la puerta sin preguntar a ponernos en la tesitura de exigir papeles”, comenta. Este experto explica que el código ético, en su artículo 6, dice que “el médico no abandonará nunca a un paciente que necesite sus cuidados”, y que también habla de que el facultativo, para dejar de atender a un paciente, debe asegurarse la continuidad de su asistencia. “Son puntos que no están pensados para esta situación, pero que se podrían aplicar”, dice. Los médicos que lo hagan tomarán el camino de la insumisión: solicitar que se le exima de una obligación legal y que no se le sancione.
Para Altisent, esa última vía es un camino interesante de explorar. “Así debería hacerse para paliar situaciones dramáticas”, dice. Y critica que en este punto el Gobierno sitúa a los profesionales sanitarios en una situación muy incómoda. “Quizá el propio sistema nacional de salud tendrá que arbitrar situaciones intermedias para no poner a sus médicos en una situación deontológicamente muy delicada”, dice. Tanto, que la Organización Médica Colegial tratará el tema en asamblea. "No son situaciones previstas para nosotros, y hay que analizarlas", explica su presidente Juan José Rodríguez Sendín.
El enfermero Ángel Navarro, portavoz de la coordinadora que promueve la insumisión, indica que lo suyo es un “llamamiento a todo el sistema”. “Nosotros solo hemos lanzado la idea. No está desarrollado el sistema legal”, indica. Para Navarro, lo que se les propone al negar la atención a pacientes que conocen y que llevan tratando años es “inhumano, injusto, va contra nuestra conciencia y nuestro código deontológico”.
El problema es asegurar la continuidad del tratamiento
Miguel, un médico de familia de Madrid que da un nombre falso, ve con simpatía la idea de la objeción. “En 25 años he visto a bastante población inmigrante, y me han contado casos muy dolorosos. Personas que han tenido que huir de conflictos armados, a los que les han matado familiares”. “Muchos, después de todo ello, están en situaciones muy delicadas de salud mental. ¿Cómo se va a tratar ahora a alguien con esquizofrenia, con depresión? Si ya es difícil para cualquiera que se tome las pastillas, para ellos en esta situación va a serlo aún más”, dice. Por eso, a Miguel la propuesta le parece “razonable”. “Está en nuestro código deontológico”. “Lo que nos piden repugna a la moral”. “Trabajo para el paciente, y voy a flexibilizar al máximo los criterios de qué es una urgencia. ¿O nos van a convertir en policías del sistema?”.
El médico admite, sin embargo, que ello tiene dificultades a nivel práctico. “Una cosa es el diagnóstico, y otra el tratamiento”, dice, con la idea de que una vez atendido, hay cuestiones, como conseguir el medicamento, que sí se les puede poner muy difícil. Pero cree que, al final, la propuesta del Gobierno será como “ponerle puertas al campo”. “El sistema ya tiene agujeros. En primaria también hay urgencias, y, o ponen un policía en la puerta, o todo el que llegue diciendo que tiene algo urgente será atendido”. Lo malo, para él, es que, al final, la atención va a ser peor. “Va a ser desesperante saber que una persona necesita tratamiento y no podérselo prestar”.
6.- Los límites en la atención al 'sin papeles' cuestionan deberes éticos del médico
Diario Médico. Redacción | 27/04/2012 00:00
El Código de Deontología Médica aprobado por la Organización Médica Colegial (OMC) recoge en los principios generales que "el médico debe atender con la misma diligencia y solicitud a todos los pacientes, sin discriminación alguna", y señala que "la primera lealtad del médico es la que debe a su paciente y la salud de éste debe anteponerse a cualquier conveniencia".
Este mandato ético debe conjugarse con el recorte asistencial que han recibido los inmigrantes sin papeles en virtud de lo acordado en el Real Decreto-ley 16/2012 de recortes en Sanidad.
Jacinto Bátiz, secretario de la Comisión Deontológica de la OMC, ha declarado a Diario Médico, que "con esta norma se ha corregido algo que estábamos haciendo mal. El servicio de urgencia es el que se da en cualquier otro país al que no cotiza en su sistema". De este modo, Bátiz no ve que se esté contraviniendo ninguna norma deontológica, y señala: "Mi código como médico no me obliga a atender a cualquier persona que llame a mi puerta, sino sólo a las que lleguen en situación de urgencia".
Pero valorar cuándo estamos ante un enfermo que requiere una intervención de urgencia no siempre es fácil, como señala Mónica Lalanda, médico en la Unidad de Urgencias del Hospital General de Segovia: "Desde hace años se ha pedido a la Administración algún tipo de herramienta que evite los abusos en el servicio de Urgencias, pero siempre nos han contestado que quien decide qué es una urgencia es el propio paciente. Ahora, con el cambio normativo tenemos que ser nosotros los que rechacemos a aquellos pacientes sin tarjeta sanitaria que no presenten una enfermedad o accidente grave a sabiendas que no tienen alternativa sanitaria". La facultativa, muy activa en las redes sociales, califica este cambio de "demencial, absurdo", y afirma: "Con el código deontológico en la mano, no lo acato".
Semes
Juan Gómez Armengol, presidente de la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias de Madrid (Semes), aclara que los sin papeles no utilizan con más frecuencia que otros el servicio de Urgencias, y que se les atenderá como se ha hecho hasta ahora, "sin estigmas ni discriminación". Hablar de inmigrantes ilegales a los que no les baste una primera atención es "un caso extremo". Si el paciente estuviera en malas condiciones y no estuviese indicada el alta "habrá que atenerse al código deontológico".
7.- Fallos administrativos y burocráticos ocasionan pérdidas millonarias en el sistema sanitario
El Mundo, 28 abril 2012. Efe | Madrid
El sistema sanitario español está plagado de fallos administrativos que ocasionan pérdidas millonarias debido, principalmente, a la mala gestión hecha por las administraciones de la atención sanitaria a extranjeros.
Así se desprende de un informe del Tribunal de Cuentas que tras fiscalizar el ejercicio 2009 ha detectado numerosos fallos burocráticos y administrativos de los que responsabiliza tanto al Sistema Nacional de Salud como a las comunidades autónomas.
La falta de actualización de tarifas, la concesión de tarjetas sanitarias a ciudadanos extranjeros que no cumplían los requisitos, la duplicidad de tarjetas, la falta de informatización, la asunción de pagos que no les corresponden o la dejación a la hora de facturar los servicios sanitarios a los países de origen de los pacientes, son las principales irregularidades detectadas en el sistema sanitario español.
Uno de los principales "agujeros" se encuentra en la facturación de las prestaciones farmacéuticas a extranjeros, concepto por el que en 2009 se facturaron 1.452.207,73 euros por la asistencia prestada en atención primaria.
Tras inspeccionar este servicio, el Tribunal constató que los servicios de salud de las comunidades autónomas dejan de facturar de media el 45% del coste de estas prestaciones farmacéuticas servidas a asegurados de los 37 países objetos de fiscalización, lo que supone unas pérdidas de, al menos, 4,5 millones de euros en un solo año.
Las administraciones autonómicas tampoco facturan, según el Tribunal, las prestaciones que sus servicios de emergencia ofrecen a asegurados de otros países. En este caso, la facturación no realizada por las comunidades autónomas ascendió, al menos, a 3,55 millones de euros en un ejercicio.
Otro de los "agujeros" por el que el sistema sanitario española pierde dinero es el de la fijación de precios públicos que aplica cada comunidad en la atención sanitaria a extranjeros. Según el Tribunal, la falta de actualización de los mismos hace que, en la mayoría de los casos, ni siquiera sirvan para cubrir los costes de las prestaciones servidas a los pacientes extranjeros.
Así, existen diferencias significativas de precios entre comunidades que pueden oscilar entre los 2.245,21 euros que estipula Andalucía por una litotricia renal (tratamiento para eliminar cálculos del riñón) o los 849,64 de Galicia por la misma prueba; o entre los 548 euros calculados por Aragón por la estancia en la UCI y los 2.035,55 de Extremadura.
El Tribunal también ha detectado "incoherencias" en la base de datos de la mayoría de las regiones respecto a los ciudadanos extranjeros procedentes de países donde son aplicables los Reglamentos comunitarios.
En su informe también denuncia que las bases de datos de los pacientes extranjeros están incompletas, lo que hace imposible cobrar muchas de las facturas en sus países de origen.
Otra de las anomalías se refiere a los extranjeros con derecho a asistencia sanitaria por carecer de los recursos económicos suficientes. En este caso ha comprobado que de los 453.349 extranjeros en esta situación, 2.586 eran a su vez titulares de una Tarjeta Sanitaria Española (TSE) emitida por el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), algo incompatible.
El fraude, explica, se debe a que la tarjeta de los extranjeros sin recursos tiene una validez de 90 días frente a los dos años de la TSE, periodo en el que, además, estas personas pueden regresar a sus países y recibir allí atención médica con cargo a España.
Así, explica puede darse el caso de ciudadanos marroquíes que hayan vuelto a su país se desplacen a Ceuta o Melilla a recibir atención sanitaria con cargo al sistema español.
El Tribunal denuncia, además, que en la mayoría de las bases de datos el campo relativo a la nacionalidad "estaba vacío", y tampoco figuraba la fecha de caducidad de la tarjeta, ni la fecha de baja, lo que facilita que un número importante de ciudadanos extranjeros continúe utilizando tarjetas caducadas.
Según el informe, los servicios de Salud de las comunidades autónomas emitieron, en 2009, 1.112.085 tarjetas sanitarias individuales a extranjeros procedentes de países del Espacio Económico Europeo y Suiza. No obstante, 59.088 de estos extranjeros, figuran en las bases de datos como personas sin derecho a asistencia sanitaria.
En este caso, advierte de la dificultad añadida de conocer qué comunidades autónomas emitieron las citadas tarjetas. También advierte de más de un centenar de extranjeros que tienen la tarjeta sanitaria de su país y la tarjeta sanitaria individual española, dos documentos incompatibles.
Además, la mayoría de centros sanitarios españoles dispensan a extranjeros con tarjetas sanitarias temporales tratamientos que no son urgentes y que pueden posponerse hasta la vuelta a sus países como mecanoterapia, masoterapia, cinesiterapia o termoterapia, entre otros. Estos tratamientos cuestan miles de euros que, por otra parte, y según el órgano fiscalizador, nunca se facturaron o cobraron a los países afectados.
